Introducción
A partir del 27 de octubre del ’73, con la aprobación de la carrera de Derecho por parte del Consejo Universitario en sesión ordinaria celebrada en dicha fecha en la ciudad de Tijuana, Baja California, se inició el desarrollo institucional de la hoy Facultad de Derecho, Unidad Mexicali.
Los primeros años
En 1959, la Federación de Estudiantes Universitarios de Baja California, solicitó al gobernador del Estado, ingeniero Eligio Esquivel Méndez, su colaboración para que se iniciaran las labores con la mayor brevedad posible en la Facultad de Derecho, argumentando la necesidad de contar con profesionales en la administración de la justicia que egresaran aquí mismo en el Estado. Hacia 1962, los estudiantes de la Preparatoria Mexicali a través de su representante Amparo Caro Ramírez, en la sesión del Consejo Universitario celebrada en Ensenada el 12 de mayo de ese año, dio lectura a un oficio que la Sociedad de Alumnos de la citada escuela enviaba, solicitando entre otras cosas, la Creación de la Escuela de Derecho.
Iniciación de las clases
El lunes 24 de septiembre de 1973, los alumnos de la “Carrera de Derecho” iniciaron sus primeras clases, entre los maestros sobresalieron los licenciados Jesús Reséndiz y Belmont, Manuel Ibarra, Alfredo Cruz Mora; Santiago Olvera Alpuche, Jorge Guridi y Alfredo Rocío. Las materias que empezaron a llevar fueron Derecho Civil, Sociología, Economía, Introducción al Estudio del Derecho y Derecho Romano.
La Escuela de Derecho
De 1973 hasta 1979 se dieron las bases para el funcionamiento de la escuela, estableciendo un programa organizacional con un plan de estudios provisional, tomado prestado de la UNAM, la contratación de maestros, en su mayoría eran profesionistas sin formación pedagógica, cuyo apoyo fue esencial para iniciar el despegue a la carrera de Derecho. En esta época, los alumnos, que integran un binomio perfecto junto con los maestros, fueron un elemento importante en este proceso. La mayoría de ellos, integrantes de la primera generación que ingresó a Derecho en noviembre de 1973, eran ya personas maduras y no escolares recién salidos de las preparatorias en el Estado.En ese contexto, se realizaron las administraciones de los licenciados Guillermo López de la Peña (1973-1974), Miguel Gárate Velarde (1974-1976) y Héctor Manuel Gallego García (1976-1979) y podemos considerar, que fueron años difíciles para ellos como directores. A esta fase la denominamos de “organización” de la escuela, al promoverse con estos profesionistas las bases para un futuro desarrollo académico y administrativo de la institución. Bajo este contexto universitario dicha unidad académica fue sentando las bases para su propio desarrollo, al establecerse y contratarse maestros y personal administrativo, aplicarse un primer plan de estudios, promover programas de superación para docentes a través de cursos y lograr una inscripción de 124 alumnos.
La Escuela de Derecho fue modificada al separarse las funciones administrativas y académicas con la organización de las subdirecciones respectivas. En particular, la subdirección académica desarrolló diversos programas relacionados con el quehacer docente académico y estudiantil, al reformar el plan de estudios en 1980, reestructurarse algunas áreas de las coordinaciones en 1982, y conformar la planta docente con maestros de tiempo completo y medio tiempo; crearse los semestres continuos; apoyar a los programas de servicio social de los alumnos y proyección de éstos a través de eventos culturales (conferencias, simposios, congresos estudiantiles y mesas redondas), iniciándose así la vinculación de la Escuela con su entorno social.
También cabe mencionar que se consiguieron becas para los maestros a fin de continuar sus estudios de posgrado. La gestión del licenciado Francisco Javier Pereda Ayala fue significativa por esos cambios, iniciándose la fase de desarrollo. Importa destacar la participación activa de los licenciados Luis Javier Garavito Elías y Marina del Pilar Olmeda García, quiénes como subdirectores académicos impulsaron estas actividades; en los años subsecuentes estas políticas se afianzaron y se puede observar un desarrollo lineal consolidado en las administraciones posteriores.
En 1985, se llevó a cabo la homologación del Plan de Estudios junto con el de la Escuela de Derecho de Tijuana; se inició el proceso de regularizar a los alumnos que iban atrasados en su carrera e igualmente se apoyó la regularización de los alumnos egresados normalmente, implementando cursos de titulación, a fin de facilitar el proceso de terminación de estudios y por último, el haber transformado a la Escuela de Derecho en Facultad, al establecer un programa de posgrado, con una maestría y siete especialidades en Derecho Público en el año de 1987. Se aprobó la propuesta el 18 de abril de 1987, en tanto que el Consejo Universitario, en sesión celebrada el 15 de mayo de dicho año, aprobó primeramente los planes y programas de estudios ya citados, e inmediatamente se abocó a aprobar el cambio a Facultad.
La Facultad de Derecho
El licenciado Luis Javier Garavito Elías como director, apoyó también el intercambio académico interno así como al exterior, fomentó también el acercamiento personalizado con los alumnos, preocupándose por su desarrollo escolar y personal, a lo que se agregó el impulso deportivo, ya iniciado en otras administraciones.Durante la gestión rectoral del licenciado Alfredo Félix Buenrostro Ceballos (1987-1991), se estableció el programa denominado de vinculación, el cual consistía en promover el acercamiento entre maestros y alumnos y de éstos hacia la sociedad, a través de conferencias, cursos, simposios y encuentros deportivos.
La Facultad desarrolló en materia editorial, la publicación de la Revista de Ciencias Jurídicas, cuyo primer y único ejemplar fue editado en la administración siguiente del licenciado Luis Llorénz Báez. Durante la gestión de Francisco Gutiérrez Espinoza se puso en práctica la interdisciplinaridad académica a través de la flexibilización curricular, misma que tenía varios objetivos; favorecer la creación de programas de estudio, optimizar la oferta académica, promover la participación más dinámica del estudiante en el transcurso de carrera profesional, específicamente “al incorporar al alumno en distintos programas de diferentes unidades académicas y otras universidades”.
La tecnología ingresó a la Facultad, sustituyéndose las máquinas de escribir por las modernas computadoras, iniciándose otro aspecto en cuanto a procedimientos para guardar información escolar.
A partir de 1996, con el Maestro Daniel Solorio como designado como Director de la Facultad de Derecho, en materia estudiantil fue su preocupación promover la sólida formación de los egresados. Esta administración se caracterizó por un crecimiento interno en cuanto a actividades académicas, ingreso de maestros y bienestar material. En el aspecto académico sobresale en primera instancia, el proyecto del nuevo plan de estudios de la Facultad de Derecho, que vendría a ponerse en práctica a partir del ciclo escolar 1999-1. Este plan, en víspera de autorizarse por el Consejo Universitario en diciembre de 1998, es distinto al último establecido en 1984 y tiene por objeto la flexibilización; es decir, que el alumno pueda escoger las materias optativas según su interés propio. También es propósito de esta administración, reiniciar los cursos de posgrado, para el siguiente año de 1999.
En esa misma área se estableció un programa radiofónico, cuyo objetivo principal es entrevistar a profesionistas en general, y a abogados que se han destacado en las diversas disciplinas jurídicas: penal, electoral, laboral, etcétera; la mayoría, maestros de la Facultad, quiénes participan en esta actividad cultural.
Bajo la administración de la Doctora María Aurora LacavexBerumen, se continúa la labor de la Facultad de Derecho, vinculando tanto a alumnos, docentes, egresados y estudiantes de posgrado, de tal manera que el avance obtenido a lo largo de veintinueve años de historia siga dando frutos a la sociedad mexicalense. Se promueven una serie de actividades enfocadas integrar al estudiante con el quehacer social. Hay un énfasis primordial en el dominio de un segundo idioma antes de concluir los estudios de licenciatura; la movilidad estudiantil en ambos sentidos; la asimilación del sistema de tutorías, propio a los planes flexibles, así como la creación de un nuevo programa de radio y la producción del primer programa de televisión, ambos con claro enfoque hacia el servicio a la comunidad. Fue en el encargo de la Doctora María Aurora LacavexBerumen, cuando la Facultad de Derecho obtiene la acreditación de los planes de estudio, logrando con esto aumentar la calidad y el compromiso que se tiene como unidad académica formadora de profesionistas comprometidos con la sociedad.
No obstante los logros alcanzados, el panorama jurídico del momento dio pie a un nuevo plan de estudio, pero esta vez homologado. De esta manera, la Facultad de Derecho Mexicali, la Facultad de Derecho Tijuana y la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de Ensenada, se dieron a la tarea de revisar el programa educativo de la Licenciatura en Derecho, para lo cual realizaron una evaluación diagnostica tanto interna y externa donde participaron alumnos, egresados, profesores, empleadores tanto del sector privado, público y social, respecto al plan de estudios 2006-2, analizando sus debilidades a la luz de la nueva realidad jurídica.
Los resultados de estas consultas arrojaron que las tendencias del Derecho indican que los profesionistas deben estar formados integralmente tanto en capacidades cognitivas como en habilidades y destrezas específicas para el trabajo en un ámbito cada vez más globalizado o internacionalizado. En México, debido a estos procesos impondrán una formación polivalente y la adquisición de competencias laborales profesionales, tendientes a la acreditación de programas y certificación de profesionales desde una perspectiva internacional. Suma a ello las reformas en materia de justicia penal, de derechos humanos, electorales, entre otros.
En este contexto, se presentó una propuesta de modificación del programa educativo de la Licenciatura en Derecho ante la necesidad de incorporar en el mismo las nuevas tendencia y corrientes en el mundo jurídico, para formar un profesionista no solo con una visión regional o nacional de la problemática jurídica sino también con una perspectiva internacional al ser una universidad fronteriza que busca formar egresados con un amplio y profundo respeto por los derechos humanos.
Así, el proceso de modificación del plan de estudios de la Licenciatura en Derecho tomo como referente las recomendaciones y observaciones obtenidas de las evaluaciones realizadas por el área de Ciencias Sociales del Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Enseñanza de la Educación Superior (CIEES) a la Facultad de Derecho Mexicali, 2013; la Facultad de Derecho Tijuana, evaluadas en nivel 1; y a la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 2014. También se consideró los aspectos propios de la disciplina que impactaron en la enseñanza del Derecho como las reformas constitucionales del 18 de junio de 2008 que provocó que en Baja California se expidiera un nuevo Código de Procedimientos Penales, iniciándose con ello, la transformación de un nuevo sistema de justicia penal en la entidad. Otras reformas que se consideraron para la modificación del programa educativo fueron las realizadas en materia de amparo y derechos humanos (2011), que impactaron en la administración de la justicia federal, en temas como el juicio de amparo y el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona. En el nuevo plan de estudio también se reflejaron temas como la globalización o internalización, el acceso a la información, la reforma laboral, otras formas de convivencia en los códigos de familia o códigos civiles; los temas pendientes en materia electoral y la participación ciudadana, es decir temas que respondan ante los retos que impone la sociedad del conocimiento.
La propuesta de modificación al programa educativo 2006-2, también obedeció a que habían trascurrido siete años a partir de la última autoevaluación y modificación del programa educativo de la Licenciatura en Derecho (2006-2), en este lapso había cambiado el contexto jurídico a nivel local, nacional e internacional, así como en el ámbito de la enseñanza de la educación superior y del campo disciplinario; lo que llevó a una revisión para su actualización, ampliación, modificación y ajuste de contenidos, incluir nuevas formas de enseñanza-aprendizaje; a ello se sumó la solicitud de las Coordinaciones y Departamentos de Formación Básica y Formación Profesional y Vinculación Universitaria de la UABC así como la estrategia de autoevaluación de la propia unidad académica.
A partir de las instrucciones de la administración central y de la guía del marco metodológico institucional, se iniciaron los trabajos académicos y de investigación en el ciclo escolar 2012-1 y se determinó trabajar con un equipo de profesores de tiempo completo, dos por cada unidad académica, y una asesora que a la vez de orientar para la realización de la evaluación diagnóstica, diera entrenamiento en este campo a los participantes. Estas actividades inicialmente fueron supervisadas por el Dr. Maximiano Madrigal Quintanilla y por el Mtro. Roberto Villa González , director provisional y subdirector respectivamente de la Facultad de Derecho Mexicali, responsables de liderar los trabajos homologados, quienes nombraron para coordinar y realizar las actividades de integración y la elaboración del documento único de Evaluación Diagnóstica, a las Maestras en Derecho, Evangelina Flores Preciado, Coordinadora de Formación Profesional y Alicia Vicente Rodríguez, Coordinadora de Formación Básica, con la asesoría de la maestra Thalía Gaona Arredondo, quién colaboró en 2005-2006 en la misma fase de estudio. A partir del ciclo escolar 2013-1 los trabajos continuaron a cargo del Dr. Daniel Octavio Valdez Delgadillo, como nuevo director designado, a quien le correspondió la presentación de la propuesta.
El Diagnóstico se estructuró en cinco capítulos; en el primero se detallan los antecedentes del programa educativo, su evolución, los momentos importantes su homologación, evaluación y acreditación, así como una breve descripción de la contingencia vivida durante el período de estudio; en el segundo capítulo, se presenta el plan y metodología de trabajo de la primera etapa; en el tercero, se describe cada componente de la evaluación diagnóstica tanto externa como interna. La Evaluación Diagnóstica externa incluye el análisis comparado de programas de estudios acreditados de Derecho locales, nacionales e internacionales; análisis del comportamiento de egresados; evaluación de la operatividad del programa; opinión de los empleadores y de expertos, opinión de los integrantes de los colegios y asociaciones respecto a las perspectivas de la enseñanza del Derecho en el corto, mediano y largo plazo. La Evaluación Diagnóstica interna incluye el análisis de los aspectos académicos, revisión de los referentes y fundamentos teóricos, las competencias profesionales, la infraestructura, las unidades de aprendizaje, análisis de los mecanismos de evaluación del aprendizaje, revisión de los procesos académico-administrativos, opinión del docente en cuanto al plan de estudios, política, normatividad y análisis de la planta académica. En el cuarto capítulo, describe de forma general la importancia del posgrado y su impacto en la licenciatura y finalmente, en el quinto capítulo, se sintetiza a través de una matriz los problemas y necesidades del programa de estudios, así como sus fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades.
A más de cincuenta años de desarrollo, la Facultad de Derecho Mexicali sigue actualizándose y trabajando en conjunto con alumnos, docentes y sociedad. Goza del privilegio de reconocimientos a sus egresados por alto rendimiento en el Examen General de Egreso de la Licenciatura, efectuado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. (CENEVAL), constituyéndose así como una de las cinco mejores en su área, a nivel nacional.